Author Archives: Rafael

Las pensiones: ¿qué hay de lo mío?

Posted on by

Saber cuánto vamos a cobrar de pensión no es una información baladí. Nos ayudará a saber si tendríamos que hacer un esfuerzo de ahorro para complementarla, o, en caso de ser autónomos, nos permitirá escoger la base de cotización que mejor se adapte a nuestras circunstancias personales.

Intentaré explicar aquí cómo se calculan las pensiones en el sistema español, dando los números básicos y aclarando algunas particularidades y casuísticas. Pondré ejemplos para tratar de dejar las ideas claras y haré finalmente algunas consideraciones sobre las decisiones financieras que cada uno debemos tomar.

Antes de empezar a dar cifras, apunto que, dada la importancia que tiene este tema para nuestra estabilidad financiera, aconsejo vivamente informarse en la fuente principal, esto es, la Seguridad Social. Por un lado su página web, donde aparecen todo los detalles, pero también personalmente, para poder aclarar bien nuestra situación particular. Por otro lado, ante cualquier duda deberíamos pedir asesoramiento a alguien que sepa del tema. No es una materia excesivamente complicada, pero es muy conveniente tener las ideas claras, por lo que la inversión de tiempo y dinero que hagamos en entender bien este asunto será probablemente muy rentable.

Y ahora sí empiezo …

Tras la reforma de las pensiones del año 2011, las cifras claves son las siguientes:

– La edad de jubilación es 67 años.

– La cuantía de la pensión será la media mensual que hayamos cotizado en los 25 años anteriores a la jubilación.

– Si hemos cotizado menos de 37 años, a esa media se le aplicarán reducciones. Por ejemplo si hemos cotizado 30 años solamente, la media de la base de cotización de esos 25 años se multiplica por 84,2%.

– Para tener derecho a la pensión, es necesario haber cotizado al menos durante 15 años.

Todo esto tiene matices, pues a raíz de la reforma del 2011, los cambios introducidos se van implementando progresivamente. Veamos ahora todo con más detalle.

La edad de jubilación

La edad de jubilación es 67 años. Antes de la reforma de 2011 era 65 años. Este incremento de dos años se está haciendo de forma gradual. Por ejemplo, en el año 2016 la edad de jubilación es 65 años y cuatro meses; en el año 2017 65 años y cinco meses. Sigue aumentando progresivamente y en el año 2027 ya será 67 años.

Pero hay gente que, incluso a partir de 2027, podrá seguir jubilándose a los 65 años: todos aquellos que a esa edad hayan cotizado más de 38 años y medio.

Importe de la pensión: base reguladora

Nuestra pensión será la base reguladora multiplicada por un determinado porcentaje (éste último, que veremos más adelante, depende del número de años que hayamos cotizado).

La base reguladora es el elemento clave de nuestra pensión. Es la  media de nuestra base de cotización en los 25 años anteriores a la jubilación. Precisemos y demos ejemplos:

  • Antes de la reforma de las pensiones del 2011, se tomaba la media de la base cotizada en los últimos 15 años (en vez de 25). Como en todo, el cambio se hace de forma gradual. Así, por ejemplo, a quien se jubile en 2016 se le calculará la media de su base de cotización de los 19 años anteriores; al que se jubile en el 2017 se toman los 20 años anteriores. Y así progresivamente. Y para quien se jubile en 2022 y en adelante ya se calcula con los últimos 25 años.
  • La media de cotización se calcula considerando la base cotizada en cada mes de esos 25 años, es decir, en los 300 meses anteriores a la jubilación. En concreto el cálculo se hace así: suma de todas las bases de los 300 meses anteriores (actualizadas con el IPC) dividido entre 350. Y nos podemos preguntar: ¿por qué para calcular la base de cotización media mensual no dividimos el total de las bases por el número de meses, es decir, 300? ¿por qué dividimos entre 350? Muy sencillo: porque la Seguridad Social nos pagará cada año 14 pagas. Por tanto si nuestras cotizaciones de los últimos 300 meses fueron por ejemplo, 600.000 euros (ya actualizadas con el IPC), eso quiere decir que nuestra base, de media, fue 2.000 euros al mes y por tanto nuestra base reguladora será 24.000 euros al año. Pero como nos dan 14 pagas la pensión mensual será 600.000 / 350 = 1.714 euros al mes (que es lo mismo que recibir 12 pagas de 2.000).
  • Alguien dirá: ¿y por qué base cotizo yo cada mes? ¿es mi salario?

Sí, efectivamente, es tu salario bruto anual dividido entre 12. Esa información aparece cada mes en la nómina que te proporciona tu empresa. Por ejemplo, una persona que cada mes cobra 1.600 euros netos, tendrá aproximadamente un sueldo bruto de unos 30.000 euros brutos anuales (los datos concretos dependen de las circunstancias personales que hará que tengan un tipo u otro de retención). Por tanto su base de cotización mensual es de 2.500 euros.

  • Mi pensión se calcula partiendo de esas bases cotizadas. Pero ¿cuánto estoy pagando yo a la Seguridad Social de cuota cada mes?

Si eres asalariado, en el año 2016 tú estás pagando un 4,7% de la base cada mes, es decir, en el ejemplo anterior 117 euros al mes. Esa información vendrá también en tu nomina mensual, como un importe que se descuenta de tu salario bruto. Pero el grueso de tu aportación de cuota viene de tu empresa, que está pagando 23,6% de la base, es decir la empresa aporta por ti 590 euros al mes. En total, la Seguridad Social recibe como cuota el 28,3% de tu base de cotización. Así es como está organizado en España: el trabajador contribuye un poco, pero el grueso de la aportación corre a cargo de la empresa. Por eso, el coste real para una empresa de una persona con un sueldo anual de 30.000 euros es 30.000 + 23,6% 30.000 (cuota pensión) + 6,3% 30.000 (cuota desempleo, formación profesional y fogasa) = 38.970 euros.

  • Y si mi sueldo es muy alto, ¿quiere decir que mi base será muy alta y, por tanto, mi pensión muy alta?

Sí, pero sólo hasta un límite. La Seguridad Social establece cada año una base de cotización máxima mensual. Por ejemplo, en 2016 dicho máximo es de 3.642 euros. Esto quiere decir que cuando uno tiene un salario de 43.704 euros brutos anuales (3.642 x 12) está cotizando lo máximo que se puede a la Seguridad Social. Y si alguien tiene un salario de, por ejemplo, 50.000 o 100.000 euros brutos al año, da igual a efectos de la pensión. Pagará como cuota cada mes a la Seguridad Social el 4,7% de 3.642 euros. Y la empresa pagará por él el 23,6% de 3.642 euros.

  • ¡Oiga usted! ¿Quiere usted decir que, en 2016, la pensión máxima es de 3.642 euros al mes?

No, en absoluto. Ese importe es lo máximo por lo que la Seguridad Social te permite cotizar al mes como base (base que se va a usar, como vimos, para calcular tu pensión mensual en función de las 300 últimas bases cotizadas). Pero esa no es la pensión máxima. La pensión máxima (y la mínima) la establece cada año la Seguridad Social. Para 2016 es 2.567 euros brutos en 14 mensualidades. Que es el equivalente a 2.995 euros en 12 pagas. O 35.938 euros anuales.

  • Preciso que los importes que cito en este artículo son siempre brutos, salvo que expresamente diga lo contrario. Para saber lo que realmente llega al bolsillo hay que quitarle los impuestos. Por ejemplo, una pensión máxima de 2.567 euros brutos es, aproximadamente 2.000 euros netos.
  • Pero entonces, ¿qué sentido tiene que alguien cotice por una base de más de 2.995 euros al mes si no va a tener una pensión superior a ese importe?

Tiene el sentido de que quien más cobra más contribuye a las pensiones, igual que existe progresividad en otros impuestos como el IRPF. Además, el cotizar por una base superior a 2.995 euros al mes durante una temporada puede ayudar a llegar a esta pensión máxima si en otros meses se cotizo por menos, que será lo habitual. Por último, como la pensión máxima puede crecer cada año, hoy podemos cotizar por una base que es superior a la pensión máxima, pero que quizás no lo sea el año que nos jubilemos.

  • ¿Y existe también una base mínima?

Así es. En el 2016 para los asalariados oscila entre los 764 euros y los 1.067 euros dependiendo de la categoría profesional. Para los autónomos es de 893 euros al mes.

  • Hay también una pensión mínima, que se fija cada año. No es una cifra única sino que depende de varios factores, como puedes ver aquí. Ronda los 636 euros al mes.
  • Mencionamos antes a los autónomos: ¿cuánto pagan ellos al mes de Seguridad Social?

Pues en realidad un importe muy parecido a los asalariados. Depende en concreto de qué tipo de prestaciones escojan, porque tienen cierto margen, pero el tipo suele ser el 29,8% de su base. En este tema, la diferencia principal con los asalariados es que los autónomos eligen por qué base mensual cotizan, con los topes de mínima y máxima ya comentados.

  • Entonces, si la base de un autónomo no depende de sus ingresos sino de la base que escogen ¿pueden ir afinándola cada año para llegar a una pensión alta, o a la pensión máxima aquellos cuyos ingresos se lo permitan?

Sí, pero con límites que pone la Seguridad Social a partir de cierta edad. Por ejemplo, un autónomo que el 1 de enero de 2016 tenga 48 años o más no puede ya elegir en el año 2016 (y siguientes) la base que quiera sino que ha de ser como máximo 1.964 euros mensuales, a no ser que antes ya estuviera cotizando con una base superior. Y en general, a partir de esa edad no se puede aumentar la base de cotización que se tiene, sólo mantenerla o bajarla.  Y si se baja, no se puede luego volver a subir. El motivo de esto es evitar que se cotice mucho únicamente en los últimos años previos a la jubilación. La Seguridad Social permite escoger una base alta, pero el que la quiera ha de elegirla con mucha antelación, no sólo en los últimos años.

  • Es conveniente saber que si una persona se queda en paro y recibe una prestación por desempleo, también estará cotizando a la Seguridad Social (la aportación empresarial la efectúa el Servicio Público de Empleo Estatal), cotización que tiene los mismos efectos que la hecha cuando trabaja. La base de cotización será el promedio de las bases de cotización del trabajador en los últimos seis meses de ocupación. Por tanto, el hecho de estar en paro no implica que nos vaya a afectar negativamente a nuestra pensión, mientras estemos recibiendo la prestación por desempleo.
  • Pero ¿qué le pasa cuándo se agota la prestación por desempleo? En ese momento, aparte de que ya no recibe el paro, se queda también sin cotizar a la Seguridad Social. Por consiguiente, al calcular la base reguladora media de los últimos 25 años, nos bajará la media y por tanto, la pensión. No obstante, para amortiguar el efecto negativo de estas llamadas lagunas de cotización, a la hora de calcular la media de los últimos 25 años, la Seguridad Social toma en los primeros 48 meses de laguna sin cotizar la base mínima de cotización, a efectos de calcular la base. Y en el resto de meses el 50% de dicha mínima. No cotiza, pero en el cálculo se usan esas cifras.

Por ejemplo: una persona en los 25 años anteriores a su jubilación ha tenido un sueldo de 30.000 euros brutos anuales (2.500 euros mensuales) durante 22 años, ha estado entre medias dos años en paro cobrando la prestación por desempleo y otro año más en paro sin cobrar prestación. Supongamos que en ese año sin cobrar prestación la base mínima era 700 euros. La pensión de esta persona será (para simplificar no considero aquí la actualización por el IPC):

2.081 euros = [2.500 x 264 meses + 2.500 x 24 meses + 700 x 12 meses ]/ 350

Su pensión será 2.081 euros en 14 mensualidades. Es el equivalente a 2.428 euros en 12 mensualidades. Es decir, la situación de paro le ha hecho perder 72 euros/mes, respecto a su base de cotización durante el periodo trabajado (2.500).

Si no se hubiera usado la base mínima en el cálculo del tiempo que estuvo sin trabajo y paro, la pérdida hubiera sido de 100 euros al mes. Y, por supuesto, si no hubiera cotizado durante el tiempo que cobró la prestación, la pérdida hubiera sido mucho mayor: 300 euros/mes.

  • ¿Por qué al calcular la base reguladora se toman las bases cotizadas de los últimos 300 meses (25 años) actualizadas con el IPC?

Porque si no se hiciera así, en términos de poder adquisitivo la pensión sería muchísimo más baja que la base cotizada. Veamoslo con un ejemplo.

Imaginemos que cumplimos 42 años el 1 enero de 2016 y cotizamos 2.500 euros mensuales. Supongamos también que durante todos estos próximos 25 años hay una inflación del 2% anual y que nuestra base de cotización aumenta lo mismo que los precios: un 2% anual. Esto supone que la base en el último año que coticemos (el 2040) será de 4.021  [ 2.500 x (1+2%)24 ]. Y que la media nominal de las bases cotizadas en esos 25 años será 3.203 euros mensuales. Por tanto, sin actualización, nuestra base reguladora para la pensión serían 3.203 euros (12 mensualidades, o sea, en realidad será 2.745 en 14 mensualidades). Pero es que 3.203 euros es considerablemente menos que 4.021 euros, que es lo que valen en el año 2040 (en igualdad de poder adquisitivo) los 2.500 euros del años 2016 y las bases de los años posteriores.

Todo esto se puede ver de forma más visual en una hoja Excel, poniendo 25 años en fila y partir en el año 1 con 2.500 euros e ir incrementándolo un 2% 25 veces. El valor llegará a los 4.021 euros a comienzos del año 25. O, más sencillo, usar la formula =VNA.NO.PER(2%;B2:B3;A2:A3) donde en las celdas B2:B3 ponemos los valores 0 y 4.021 y en las celdas A2:A3 las fechas 1/1/2016 y 1/1/2040. El resultado (que nos da el valor en 2016 de 4.021 euros del año 2040) es 2.500. Esto nos muestra gráficamente que, con una inflación relativamente baja, el valor del dinero hoy será muy inferior dentro de 25 años. Y ya digo, el incremento de la base de la cotización al mismo ritmo que la inflación no subsana este efecto, simplemente lo atenúa, porque tendremos una base media cotizada de 3.203 euros (efectivamente mucho mayor que los 2.500 si no hubiera incremento de la base), muy inferior a los 4.021 que es (en igualdad de poder adquisitivo) por lo que hemos cotizado.

Matizo también que no todas las bases cotizadas se actualizan con el IPC, porque las 24 mensualidades previas a la jubilación se toman por su valor nominal sin más.

 

Porcentaje

 Una vez que sabemos (o estimamos) cuál será nuestra base reguladora, debemos aplicarle un determinado porcentaje.

Si hemos cotizado 37 años, este porcentaje es 100%, es decir, no reduce nuestra pensión, que será la media de las bases reguladoras (nuestro salario bruto) de los últimos 25 años.

Pero si hemos cotizado menos de 37 años nuestra pensión se reduce. Para saberlo al detalle, me remito al cuadro de la Seguridad Social, pues depende también de en qué año nos jubilemos. De todas formas, para hacernos una idea: cada año de menos la pensión baja en torno al 2,3%

Pongo dos ejemplos. Dos personas que se jubilan ambos en un año posterior a 2027 y las dos han tenido un salario bruto los últimos 25 años de 30.000 euros brutos, es decir una base de cotización mensual media durante ese periodo de 2.500 euros. Supongamos que Anselmo ha cotizado durante 33 años y Federico durante 27 años. Para simplificar ignoro en este ejemplo el efecto de actualización con el IPC.

La pensión de Anselmo será 2.500 x 91,04% = 2.276 euros brutos/mes.

La pensión de Federico será 2.500 x 77,36% = 1.934 euros brutos/mes.

Me abstengo, por farragoso, de escribir cómo llego a esos porcentajes. Es mucho más sencillo y claro ver el cuadro ya mencionado.

Pero no siempre el porcentaje es reductor: ¡a veces aumenta el importe de la pensión! Esto ocurre cuando una persona llega ya a la edad de jubilación (bien 67 años o bien 65 años con 38 años y medio cotizados) y sigue trabajando. Por cada año de más que  trabaje, el porcentaje sube un 2% (si ya tiene 25 años cotizados) o el 2,75% (si tiene entre 25 y 37 años cotizados) o el 4% (si tiene ya más de 37 años cotizados).

Por ejemplo, si Jorge llega a los 65 años y ya tiene 39 años cotizados y elige seguir trabajando dos años más, al jubilarse, a su base reguladora se le multiplicará por 108%. Si tuviera una base de 2.300 le subiría a 2.484 euros. Y si Jorge decidiera seguir trabajando unos años más, su base (cuando se jubile) subiría un 4% por año extra. Pero hay un primer límite máximo: la pensión máxima del año en que se jubile (por ejemplo en 2016 es 2.567). En caso de superarla, su pensión será la máxima más una cantidad que es la suma de los 4% extras “no utilizados” por la pensión máxima. A su vez la pensión así calculada tiene un segundo límite máximo (este ya insuperable): la base de cotización máxima de ese año en cómputo anual (por ejemplo, en 2016 era 3.642 x 12 = 43.704 euros, que equivale a 3.121 en 14 mensualidades).

Período mínimo de cotización

Como dijimos en el resumen inicial, para tener derecho a la pensión de jubilación es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años.

Además, dos de esos años han de haberse cotizado durante los 15 años anteriores a la jubilación.

 

Jubilación anticipada voluntaria

Existe la posibilidad de jubilarse dos años antes de la edad reglamentaria. Para ello hay que haber cotizado 35 años. El importe de la jubilación se reduce con una escala entre el 1,625% y el 2% por trimestre, en función de los años cotizados. Por ejemplo, si se tienen 40 años cotizados se reduce el 1,875% por trimestre.

Así, un trabajador con 40 años cotizados podría jubilarse a los 63 años, pero su pensión se reduciría en 1,875% x 8 trimestres = 15% menos.

Esta opción puede ser interesante a quienes han cotizado bases muy altas y su base reguladora ya les sale por encima de la pensión máxima, por tanto una reducción no les afecta tanto. Pero algo sí que afecta: porque hay un límite máximo para estas jubilaciones anticipadas: la pensión máxima menos un 0,5% por trimestre adelantado. Es decir, si nuestro trabajador del ejemplo anterior, tras reducirle el 15%, todavía tuviera la pensión máxima, su pensión sería la máxima menos el -4% de la misma.

¿Cobraremos las pensiones? El Factor de Sostenibilidad

Tras tanto cálculo, es normal volver a contemplar la cuestión de forma global y plantearnos esta pregunta sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es un tema recurrente en la prensa y que acapara mucha atención.  La respuesta se escapa a los fines de este artículo, pero dejo mi opinión.

Sí, yo creo que cobraremos nuestras pensiones.

Efectivamente, ahora mismo las cuentas no salen y el hecho de que haya cada vez menos cotizantes por jubilados es un grave problema, consecuencia de la alta tasa de paro que tenemos. A eso se añade que, aparte de haber más pensionistas, el importe de la pensión media se incrementa. Sin embargo, me parece que hay soluciones y, dado la unanimidad total de la sociedad en la importancia de este tema, se encontrarán. Varían las propuestas, pero sí que hay unanimidad en que es necesario mantener las pensiones.

Un avance se dio en 2011. Retrasar la edad de jubilación y ampliar los años de cálculo (de 15 a 25) de la base ayudan a hacer el sistema más viable. Y otra medida importante fue el Factor de Sostenibilidad introducido en la reforma de las pensiones de 2013: este factor permitirá que para decidir el importe de la pensión de cada persona se tome en cuenta la esperanza de vida en la jubilación. Es una medida que entrará en vigor en 2019 y quiere decir que, aunque con los cálculos actuales (comentados con profusión en este artículo) nos saliera una pensión determinada, podrá de hecho ser menor si se ve que las cuentas no dan para pagar, a los jubilados que se incorporan, el número de años que se estima habrá que abonarles la pensión. Como estimación, esto puede suponer que una persona que se jubile en 2019 tenga una pensión un 0,5% más baja que la que le salga con los cálculos actuales. Y esta diferencia, en las circunstancias actuales, podrá aumentar cada año.

Otro efecto del Factor de Sostenibilidad, este ya en vigor, es la forma de incrementar las pensiones cada año. Es decir, una vez fijadas en el momento de la jubilación, ver cuánto aumentan cada año que pasa. Desde la reforma de 2013, el aumento mínimo es el 0,25% y el máximo el IPC + 0,5%, dependiendo de los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Actualmente esto no ha incidido negativamente en el crecimiento de las pensiones porque, como ahora tenemos una inflación de 0% o incluso ligeramente negativa, que las pensiones aumenten un 0,25% es un claro avance en su poder adquisitivo. Pero en el futuro podría ocurrir que un año tengamos una inflación normal o alta y que las pensiones ese año sólo se incrementen el 0,25%.

Por consiguiente, quizás la pregunta que nos debemos hacer, más que si la cobraremos, es si la pensión será suficiente para nuestras necesidades. Todo los números ya citados nos pueden dar una idea de cuánto vamos a cobrar, pero es difícil hacerse una idea de nuestra situación concreta dentro de, por ejemplo, 25 años.

¿Qué hacer ante esta situación? ¿Ponerse a ahorrar “a lo bestia” para no quedar desprotegidos financieramente en el futuro? Es una opción, pero quizás no sea la mejor. Depende mucho de las circunstancias personales. Alguien con fuertes ingresos se lo puede permitir. Pero en otras situaciones, por ejemplo, cuando se está sin trabajo, o en un trabajo que no aporta lo que uno quisiera, lo más inteligente y productivo puede que sea invertir en uno mismo: formación, mejorar como profesional, aprender nuevos conocimientos. Todo lo que pueda ayudarnos a tener un mejor trabajo o a mejorar nuestro propio negocio.

Alternativas

Si tenemos capacidad de ahorro suficiente, podemos usarlo para construirnos una base de la que tirar en el futuro. Cada uno puede invertir en lo que quiera: en un negocio, en un inmueble, en un producto financiero. De optar por el mundo financiero, una de las opciones, entre muchas, es un plan de pensiones.

Los planes de pensiones desde el punto de vista fiscal son interesantes. El dinero invertido en un plan de pensiones se considera como menos renta el año en que lo aportamos, por tanto pagaremos menos IRPF. Cuanto mayor sea nuestra renta un año determinado, más rentable fiscalmente será hacer una aportación a un plan de pensiones, pues mayor es el tipo de IRPF que pagamos y, en consecuencia, el ahorro. Y viceversa. Si estamos por ejemplo en paro o con muy pocos ingresos, esta ventaja es muy pequeña (sería casi desaconsejable). El lado negativo de esto es que, al jubilarnos, cuando cobremos el plan, ese dinero se considerará un ingreso por el que tributaremos en el IRPF. Pero, por las razones ya apuntadas, lo normal será que nuestros ingresos cuando nos jubilemos sean menores que actualmente, por lo tanto fiscalmente salimos ganando. Aparte del hecho que no tenemos por qué sacar todo el dinero del plan de golpe (pues aumentaría mucho nuestros ingresos y también el tipo de IRPF que pagaríamos) y lo normal sería sacarlo poco a poco según lo necesitemos.

Una desventaja de los planes de pensiones es que el dinero está retenido durante 10 años (esto ya es un avance, antes era hasta la jubilación), a no ser que haya razones de peso para sacarlo antes, como paro de larga duración. No suele ser problema, porque el objetivo del plan es reservarlo ahí a largo plazo, pero nos quita opciones si por lo que sea cambiáramos de opinión.

Otro tipo de inversiones, como los fondos de inversión, no tienen la ventaja fiscal mencionada, pero nos dan más flexibilidad.

Y termino ya este pequeño ladrillo dedicado a las pensiones. Es un tema candente que nos afecta a todos y confío en haber podido dar un poco de luz sobre cómo funciona. Vuelvo a recordar la conveniencia de acudir directamente a la Seguridad Social y algún experto en la materia para resolver cuantas dudas tengamos. Y por supuesto, agradeceré de los lectores cualquier comentario, duda o sugerencia sobre lo aquí expuesto.

¿Las grandes multinacionales no pagan impuestos?

Posted on by

Periódicamente salta la noticia que tal o cual multinacional (Google, Facebook, Amazon, Apple …) han sido multadas o están siendo investigadas por no pagar todos los impuestos que debieran en un determinado país. Y la noticia suele venir acompañada del dato del impuesto por los beneficios que estas empresas pagaron en dichos países, cifras realmente ridículas si consideramos su tamaño. Y nos preguntamos, un poco incrédulos: ¿es verdad que pagan tan poco?

La respuesta lleva muchos matices, pero resumiendo: sí, así es. En este artículo explicaré por qué lo hacen y cómo, así como la respuesta de de los países más industrializados a este fenómeno.

Lo que estamos viendo es una lucha a muy alto nivel entre grandes multinacionales y los países más desarrollados. Los diferentes Estados tienen un control bastante férreo de lo que hace cada empresa en su interior, sus movimientos de dinero y sus resultados contables. Pero esta supervisión se diluye mucho en las actividades de las compañías en el extranjero. Ahí ya no existe un control, digamos, físico. Se tiene menos información de los activos de dicha empresa en ese país, existe otro marco legal, la multinacional se rige por las leyes de ese país exterior y paga allí sus impuestos. Y a eso se añaden todas las barreras que la Hacienda del país de origen encuentra para este “control internacional”: otro idioma, otra cultura, un gobierno que protege las inversiones locales, etc.

Aprovechando todas estas circunstancias, las grandes multinacionales han hecho números y han emprendido la senda de la “maximización del rendimiento fiscal” para, de forma legal, pagar menos impuestos.

Lo primero que consideran es decidir en qué país les es más conveniente registrar sus beneficios. Es decir, si su beneficio total en todo el mundo es de 100 ¿dónde les favorece que aflore contablemente? Pues lógicamente en aquel país donde el impuesto que pagan las empresas (Impuesto de Sociedades en España o su equivalente en cada estado) sea menor.

Aquí entra en juego la llamada “competencia fiscal” entre las naciones. Para las empresas esto es una maravilla, porque hay países, como por ejemplo Irlanda, que ponen un tipo de impuesto de Sociedades muy bajo (12%) para atraer inversión. Eso les ha ayudado a tener grandes multinacionales como Apple instaladas allí. Por supuesto que una empresa no determina las grandes decisiones de dónde poner sus activos o dinero, sólo por el impuesto de sociedades. Otros factores son más importantes: seguridad jurídica, cualificación de la mano de obra, coste de los servicios varios en el país, etc. En el caso de Irlanda no sería justo decir que muchos fabricantes van allí porque tengan un impuesto para las empresas bajo, pues también ofrecen un país de habla inglesa, en la Unión Europea y con jóvenes ingenieros preparados. Pero qué duda cabe: el bajo nivel de impuestos también anima a instalarse allí.

El caso opuesto a Irlanda es USA, que, con el 35%, tiene uno de los tipos impositivos a las empresas más altos de los países desarrollados (para hacernos una idea, UK tiene el 20% y España el 25%). Probablemente Estados Unidos piensa que no necesita dar incentivos fiscales a las empresas para instalarse allí: ¿acaso no son el centro del mundo de los negocios? ¿qué más da pagar algo más si se está donde toda empresa quiere estar, en la cuna de las grandes multinacionales? Pero cada vez más a las grandes empresas norteamericanas sí que les importa estar en su país pagando considerablemente más que sus grandes competidores europeos. Consideran que si tienen un beneficio de 100, ellos pagan 35 de impuestos y de estar en UK pagarían 20. Cuando esta diferencia (casi el doble) hace referencia a muchos millones, la empresa vuelve a hacer números y a pensar alternativas. Por eso en los últimos años ha habido movimientos de grandes multinacionales americanas que han establecido su sede oficial en el extranjero. Es algo que preocupa a la Hacienda americana (la temida IRS), que trata de establecer barreras a este tipo de operaciones.

En el caso de los EE.UU también pesa contra sus sociedades otro aspecto importante: exige que las empresas paguen impuestos allí por los beneficios que obtengan en todo el mundo. Y establece que los beneficios logrados en el extranjero, cuando se repatríen a EE.UU han de pagar el 35% correspondiente, deduciendo, eso sí, el impuesto de Sociedades que hayan pagado en el país local. Así, por ejemplo, si Apple gana 500 millones en Irlanda y decide llevar ese dinero a USA, deberá pagar 500 x 23% (35% – 12%) = 115 millones. Esto escuece mucho a las empresas americanas, porque esta norma fiscal no es práctica habitual. En España, por ejemplo, si una empresa trae los beneficios de sus filiales, no debe pagar nada aquí si la filial ya pagó el impuesto local, aunque sea más bajo. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que muchas multinacionales americanas no repatrían sus beneficios a USA, los dejan en los países donde se realizaron. Se ha llegado a dar el caso de que Apple tenía que hacer un pago importante de dividendos a sus accionistas en Estados Unidos y, aunque tenía muchísimo dinero en el extranjero, prefirió pedir un crédito considerable en USA para realizar dicho pago. Uno podrá pensar lo que quiera de esta actitud, pero los dirigentes de Apple (que tuvieron que ir al Senado a explicar por qué una empresa americana con dinero a espuertas, para ahorrarse pagar impuestos, no trae a su país dinero que necesita) apelaron a la lógica financiera: nos debemos a nuestros accionistas y es mucho más barato pedir un préstamo aquí, que pagar el 23% del dinero que traemos de fuera.

Una vez que las multinacionales tienen claro dónde les conviene más tener sus beneficios ponen en marcha su maquinaria administrativa y legal para poder declarar legalmente que sus beneficios se realizan en dicho país. Para ello recurren a varios recursos:

  • Usar los precios de transferencia. Es decir, si tienen una fábrica en, por ejemplo, USA y venden a su filial en Irlanda, que a su vez vende a un cliente final, la fábrica intentará vender a su filial al precio más barato posible (dentro de la lógica del mercado) para así ganar poco dinero en USA. A su vez esto hará que la filial en Irlanda compre muy barato y luego, al vender al cliente final, gane mucho dinero. Añado que es obligatorio vender a precios de mercado, una empresa no puede decidir el importe al que vende a su filial arbitrariamente para mover beneficios donde quiera, pero comprobar que esto se cumple es complicado y, además, siempre hay un elemento subjetivo para valorar “el precio de mercado”. (Como ejemplo de esta cuestión, podemos ver esta noticia sobre Facebook.)
  • Los intangibles. A veces las empresas no venden productos físicos a sus filiales, sino intangibles como “derechos de marca” o similares. Esto hace que sea aún más difícil controlar el movimiento de beneficios. Después de todo, si se vende un coche, se puede calcular, puestos a ello, su coste total basado en los componentes, pero en cuestiones tan etéreas, como copyright, derecho de distribución o similares, el elemento subjetivo es mayor y la determinación del precio depende mucho de datos que sólo tiene la propia compañía.
  • Los gastos financieros son también una forma relativamente sencilla y directa de poner un gasto importante en un país que tenga tributación alta. Si un Grupo empresarial necesita pedir un préstamo, lo hace en dicho país y así es allí donde tiene los gastos financieros. Se puede incluso hacer que una empresa del Grupo (donde se tributa poco) dé un préstamo a otra con alta tributación, con el objetivo de tener peor resultado donde se paga más y mejor donde se paga menos.
  • Otra manera de pagar menos impuestos es llegar a un acuerdo con la Hacienda de un determinado estado. A cambio de invertir dinero allí, se negocian condiciones favorables. En teoría parecería perfectamente legal, pero en octubre 2015 la Comisión Europea consideró, en los casos de acuerdos entre Luxemburgo y Fiat por un lado y Holanda y Starbucks por otro, que al ser tan ventajosos equivalen a una ayuda a estas empresas, contraria a la libre competencia en la UE. Y con el mismo criterio, en agosto 2016 la Comisión Europea dictaminó que Irlanda debe exigir a Apple el pago de (ni más ni menos!) 13.000 millones de euros, por haber permitido la hacienda irlandesa que la multinacional americana tuviera una estructura fiscal en el país que le permitió ahorrarse ese importe en impuestos.
  • Usar los tratados que tienen la mayoría de los países para evitar la doble imposición, de la forma más ventajosa posible para pagar menos impuestos. Los Estados se quejan de que evitar la doble imposición es deseable, pero que ahora muchas veces hay una doble «no imposición»: es decir, que no se pagan impuestos ni en la filial ni en la matriz.

 

Llegados a este punto, uno entiende ya mejor que grandes Grupos paguen cantidades irrisorias en determinados países. Y surge la pregunta ¿cómo reaccionan los estados perjudicados? Pues hasta hace bien poco cada uno ha ido haciendo la guerra por su cuenta. Es normal, porque había intereses muy contrapuestos. A Irlanda por ejemplo, no le interesaba cambiar esta situación que le ha atraído muchísimos inversores. En el otro extremo, Estados Unidos ha sido de los que más recaudación ha perdido por estas prácticas y quien se ha mostrado más agresivo. Se daba una situación curiosa, porque había muchos países que deseaban cambiar estas prácticas pero tampoco nadie quería ponerse la etiqueta de ser un sitio donde no te dejan hacer negocios tranquilo. Corrían el riesgo de que si se mostraban muy duros, las empresas evitaran invertir allí. Pero finalmente, los países de la OCDE (que se suele definir como el club de los países ricos y que cuenta con 34 estados miembros) han decidido ir todos a una, porque realmente era la única forma de solucionarlo. Con ese objetivo, la OCDE presentó en octubre 2015 un informe con quince medidas que aconseja tomar a todos los países miembros para acabar con estas prácticas de elusión fiscal: son las famosas BEPS.

BEPS debe su nombre a sus iniciales en inglés: Base Eroding and Profit Shifting. Que traduciría libremente como “Erosión de la Base fiscal y Mover el Beneficio. O mejor aún como “se reduce el importe del beneficio fiscal y encima se mueve a donde más conviene”. Es un informe con una serie de recomendaciones a todos los países para lograr que las empresas paguen beneficios donde realmente se producen y no donde a ellas les conviene .Tuve la suerte de estar en Madrid en noviembre 2015 en un seminario organizado por Garrigues donde expertos de todo el mundo y representantes de la Hacienda española comentaron varias de las propuestas. Especialmente interesante me pareció la intervención de Raffaele Russo, un italiano lleno de vitalidad que es el responsable del proyecto BEPS de la OCDE. Detallo ahora algunas ideas de dicho informe:

– Para saber quién tiene el ingreso de una determinada operación, se debe valorar quién asume el riesgo de verdad. Es decir, no vale firmar un contrato entre una empresa del Grupo y su filial en un país de baja tributación y poner en él que de acuerdo con este contrato la responsabilidad de ingresos y gastos recaen sobre tal filial. Aunque ese documento cumpla todos los requisitos legales, si realmente la responsabilidad y el riesgo no está en ese país, Hacienda puede exigir que se considere que el beneficio está donde se asume el riesgo. Esta es una forma de luchar contra el uso de los intangibles y los precios de transferencia como una forma de mover ingresos a la carta.

– Se debe poner un límite a la deducibilidad de los gastos financieros. Por ejemplo, España ya ha incluido en su legislación esta recomendación. Así, ahora los gastos financieros no son deducibles fiscalmente ilimitadamente, sino sólo hasta un 30% del beneficio del ejercicio (aunque si el importe es menor de 1 millón euros son deducibles todos sin ningún límite).

Esta es una de las recomendaciones BEPS que los estados tienen más fácil de aplicar. En el seminario comentado más arriba alguien dijo “si un país no pone esta medida en su legislación fiscal, entonces apaga y vámonos, porque es claro que no está interesado en el proyecto”.

– Un Grupo empresarial, (si su facturación supera los 750 millones euros), debe dar a las Haciendas de los países donde opera un informe en el que les indica, país por país, una serie de datos: cuánto venden, qué activos tienen, cuánto ganan, cuántos impuestos pagan, número de empleados, activos fijos, etc. Para mi sorpresa, esta recomendación es una de las que más atención atrae y es, por lo visto, una de las que más preocupa a las empresas. Imagino que temen que cada Hacienda revise los datos y concluya: aquí pagan menos de lo que debieran, y actúen en consecuencia. El tiempo nos dirá si esta especie de “strip-tease” financiero ante las Agencias Tributarias tiene muchos efectos o no.

Me gustaría también añadir algo que las BEPS no incluyen, y que ha generado cierta decepción a algunos y alivio a otros: las BEPS no niegan que las transacciones entre empresas de un mismo Grupo puedan hacerse a precios de mercado y que su precio se deba aceptar a efectos fiscales. Es decir, que si una fábrica española vende un producto a su filial rusa por un precio de 50 y demuestra que en el mercado ese precio es normal, la empresa española puede declarar su beneficio basada en ese precio de venta y la filial rusa también considerará los 50 su precio de compra a efectos fiscales. Esto, que a todos nos parece normal (a mí al menos) es para muchos (y no solo las Agencias Tributarias) un «paripé». Y afirman que, mientras se siga dando a las empresas la oportunidad (que, por supuesto, no es total) de fijar precios aceptados fiscalmente para las operaciones dentro del Grupo, el movimiento interesado de beneficios continuará y todas las medidas tomadas servirán de bien poco. Aquí hay desde luego diversidad de opiniones, pero es un tema candente. Como dije, la OCDE sigue respetando esto por la tremenda dificultad que hubiera supuesto acabar con este modus operandi actual.

Otra puntualización importante: las BEPS son recomendaciones y ahora hay que ver si los estados realmente las introducen en su legislación. No olvidemos que aunque todos los países quieren incrementar su recaudación, también tienen el legítimo interés de atraer o mantener empresas e inversiones, por lo que no querrán ser los más duros en la implementación de estas medidas.

En fin, es un tema de gran importancia porque hay mucho dinero en juego y, como hay tantos intereses encontrados y también en muchos casos mentalidades y puntos de vista diferentes, resulta difícil para los países actuar de forma unida. Veremos cómo se desarrollan las recomendaciones BEPS, aunque parece claro que hasta ahora las grandes multinacionales tenían la sartén por el mango, pero cada vez les será más difícil reducir el pago de impuestos.

 

 

Fuentes principales:

«New rules, same old paradigm», artículo en The Economist 5th October 2015

«¿Hacienda somos todos?» de Francisco de la Torre Díaz

El libro de Piketty: Ricos y pobres

Posted on by

 

Es sin duda el libro que más ha dado que hablar en los foros económicos de los últimos años: “El capital en el siglo XXI” de Thomas Piketty, economista francés profesor en la Ecole d’économie de Paris.

Son 950 páginas hablando de economía, pero se leen bien. En ningún momento atosiga con cifras o modelos matemáticos y está claro que está destinado a un lector interesado en la materia, ciertamente, pero no necesariamente experto ni versado en economía. El autor busca (y, en mi opinión, consigue) que cualquiera pueda seguir sus argumentos con interés y de forma entretenida. (Et bien sûr, je recommande la version originale en français…)

Su principal argumento es el siguiente: hasta ahora hemos estado creyendo ingenuamente que la economía de libre mercado ayudaba no sólo a generar riqueza, sino también a que ésta se fuera repartiendo más equitativamente. En «la tierra de las oportunidades” de los países capitalistas (EE.UU sería el prototipo) cualquiera puede ascender en la escala social si trabaja duro y con una adecuada combinación de brillantez y fortuna. Pero Piketty nos dice que no es así. Lo «natural», en este tipo de economías, es que aquel que tiene un patrimonio considerable le pueda sacar un rendimiento de, aproximadamente, el 5% anual. Y por otro lado la economía crece a un ritmo más pequeño, sobre el 2% anual. Esto hace que el patrimonio de los ricos crezca más que la economía en su conjunto y que, por lo tanto, aumenten las desigualdades.

El autor nos da su solución al problema. No se trata de promover el crecimiento de la economía, de tal manera que aumenten las posibilidades de cada uno de ir subiendo en la escala social. Piketty da un poco la batalla por pérdida en ese frente. Piensa que será difícil crecer por encima del 2% a largo plazo. Y se basa en datos históricos para decir que, si esto nos parece poco, es porque en la segunda mitad del siglo XX hemos estado “mal acostumbrados”. Un crecimiento demográfico inusual en la Historia y un gran desarrollo económico en parte debido a la necesaria reconstrucción tras las Guerras Mundiales, han provocado unas tasas de crecimiento que, según él, fueron únicas y difícilmente repetibles a largo plazo. Por tanto, la solución para evitar que las desigualdades sigan creciendo es que el Estado asuma el papel de repartidor de la riqueza. Por un lado con un impuesto sobre ingresos progresivo (como la mayoría de países ya tienen) y por otro, esta es la novedad del libro, con un Impuestos sobre el Patrimonio también progresivo y que se ponga en marcha a escala mundial, para evitar competencia fiscal entre países. Me pareció interesante leer que el impuesto sobre el Patrimonio está muy poco extendido en el mundo. España es, junto con Francia, de los pocos países que lo tiene.

El libro está lleno de gráficos y tablas que nos explican los datos de forma bastante didáctica y sencilla. Si tuviera que elegir uno a modo de resumen, cogería el que indica cómo se reparte el patrimonio (inmuebles, acciones de empresas, dinero, etc.) de una serie de países en distintos momentos históricos. Me parece interesante porque, así como se pueden leer con relativa frecuencia estudios sobre el reparto de los ingresos anuales (cuánto cobra cada parte de la población de un país) es más raro encontrar una distribución por riqueza total poseída:

Tabla de distribución del patrimonio

Esta tabla muestra el reparto patrimonial de cuatro sociedades en momentos distintos. Así, por ejemplo, la cuarta columna da los datos de reparto en la Europa del año 2010 (existe lo que Piketty llama una desigualdad «moyenne-forte», media tirando a alto). La quinta columna es el reparto en Estados Unidos en 2010 (Piketty lo considera una desigualdad grande) y la última columna muestra cómo era el reparto en la Europa de los años 1910 (una desigualdad muy grande).

Me parece especialmente interesante comparar la Europa de 1910 con la de 2010. Hay algo que no ha cambiado: el 50% de la población más pobre, con menos patrimonio, tiene solamente el 5% del patrimonio total.

Pero donde se produce un cambio significativo es en las propiedades que tienen el 10% más rico y el 40% que podríamos llamar medio (es decir los que están entre el 10% mas rico y el 50% más pobre). En Europa, este 40% medio tenía en 1910 tan sólo el 5% de las propiedades mientras que en 2010 tiene el 35%. Este avance lo han conseguido a costa del 10% más rico, que poseían en 1910 el 90% del patrimonio y en 2010 sólo el 60%.

Son datos interesantes, que reflejan en cifras cambios sociológicos que probablemente hemos advertido en la vida real, pero que son difíciles de plasmar en números.

La línea argumental del libro es que la desigualdad era muy grande en torno a 1910 pero que se redujo mucho con las Guerras Mundiales. Por un lado porque al destruirse tanto patrimonio muchas grandes fortunas perdieron su capital y por otro lado porque se pusieron en marcha impuestos de la renta progresivos y con un tipo máximo muy elevado para los últimos tramos (del 90% o más en Reino Unido, EE.UU y Alemania, por ejemplo). En cambio a partir de los años 80 se redujeron estos tipos, hubo una tendencia a liberalizar la economía y se privatizaron muchas empresas estatales. Todo contribuyó a una nueva acumulación de fortunas y a un volver a una situación parecida (que no igual, como ya indicado) a la de un siglo antes.

El país más analizado es Francia, según Piketty por la sencilla razón de que es la nación con mayor y mas antigua base de datos sobre la materia. Pero otros países son también estudiados con bastante profundidad (EE.UU y Reino Unido sobre todo) mientras que los datos de muchos otros (Alemania, Japón, países Nórdicos, Italia y, en menor medida, España) sirven para calibrar en qué medida siguen la corriente central representada por Francia y el Reino Unido. Entre los muchos datos, cito algunos que se repiten con más frecuencia. Actualmente, el ingreso medio anual por habitante en estos dos últimos países es de unos 30.000 euros (incluye impuestos pagados) y el patrimonio medio por habitante en ambos países es de unos 180.000 euros, es decir, seis veces el importe del ingreso anual. Este patrimonio medio se compone en general de un inmueble por la mitad del total y otros activos (dinero, acciones, etc.) por la otra mitad.

El libro también afronta tópicos. Por ejemplo: ¿va a China dominar Europa en unos cuántos años? no parece el caso, nos dice Piketty. ¿Poseen los países ricos mucho capital fuera de sus fronteras? no mucho, responde, pues se compensa con lo que los extranjeros tienen en el suyo propio. Sus muchos datos dan una visión a muy (¡pero que muy!) largo plazo de algunos temas como la demografía y el crecimiento económico y hace unas reflexiones muy interesantes en el último capítulo sobre la problemática de la elevada deuda pública de los países y las alternativas para reducirla. Echo en falta un mayor énfasis en la necesidad de potenciar el crecimiento económico de la economía de mercado como remedio prioritario de las desigualdades, pero lo que está claro es que este libro marcará los debates sobre este tema por muchos años.

 

 

 

 

 

 

Sobre la deuda pública griega. Y la española ….

Posted on by

¿Es sostenible la deuda pública griega? NO ¿Y la española? SÍ, pero por los pelos ….

 

Deuda alta, problema seguro

La saga del rescate a Grecia y sus interminables discusiones han vuelto a poner de actualidad una muy vieja cuestión: ¿hasta qué punto la deuda pública de un país es sostenible? ¿Qué hacer cuando se ve que no lo es?

No es un tema nuevo precisamente y grandes potencias han ocupado el lugar actual de Grecia en multitud de ocasiones. Un ejemplo: España mantiene, a día de hoy, un record que difícilmente será batido: ¡suspendió pagos siete veces en un solo siglo, el XIX! Y no era algo que surgiera de repente. En los tres siglos anteriores ya lo habíamos hecho seis veces …

Con la quiebra de las finanzas de un país pasa algo parecido a las guerras: hay una tendencia a considerarlo algo del pasado, relegado a los libros de Historia, felizmente superado. Pero de repente, llega de nuevo y todos nos preguntamos: ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? La primera Guerra Mundial fue un mazazo inesperado para la mayoría de la población europea e imagino que algo parecido les pasaría a los serbios, bosnios y croatas no hace tantos años.

¿Por qué llega un país a esa situación de no poder pagar sus deudas? Porque descuida año tras año sus finanzas públicas, hasta que llega un momento en que todo el mundo pierde confianza en que sea capaz de pagar los intereses y seguir renovando sus deudas. Es como una empresa que pierde dinero y que hace que los bancos ya no quieran seguir renovando los préstamos y le exijan el desembolso rápidamente. Sería inasumible si no llegara gran cantidad de dinero de otra fuente. Igualmente, no creo que ningún país pueda “pagar sus deudas” en el sentido literal. Sería inaudito, desproporcionado e irrealista, que los acreedores de, por ejemplo, el Reino Unido, exigieran la devolución de su deuda, según fuera venciendo, sin que haya nuevos acreedores dispuestos a sustituirles. Por muy Reino Unido que sea no sería capaz. Por la sencilla razón de que los países no pagan su deuda, simplemente la renuevan en los importes que van venciendo más el incremento correspondiente si hay un déficit, que es lo habitual, pues la mayoría de los gobiernos gastan más de lo que ingresan.

Sí que puede haber (y debería de haberlo) un descenso de la deuda pública los años que se logra un superávit en las cuentas estatales, pero no habrá nunca un “pago de la deuda”, es decir, una cancelación total.

Así como el sufrido ciudadano va destinando parte de su sueldo a pagar la cuota de la hipoteca, uno podría pensar que los Estados hacen lo mismo para “pagar sus deudas”. Pero no es así por varias razones. La primera porque siempre hay gente dispuesta a prestar a un Estado, pues se le supone con una gran capacidad financiera (prácticamente infinita si, llegados a lo peor, puede imprimir su propia moneda para pagar sus deudas). También porque se le supone “serio”: es verdad que España suspendió pagos en el siglo XIX, pero bueno, de eso hace mucho tiempo y, con un siglo de por medio cumpliendo, el prestigio se recupera. Y por otro lado, aun cuando pagar la deuda sea difícil, y todo el mundo asume que nunca se hará, los intereses son más asumibles y raro es el Estado que no consiga hacerlo. Eso contribuye a mantener un buen historial.

Esto nos lleva de nuevo a nuestra pregunta inicial: ¿cuándo se considera que la deuda de un país es ”insostenible”? Pues cuando se rompe la confianza en ese país. Cuando se empieza a ver que, tal como están haciendo las cosas, llegará un día en que encontrarán problemas para pagar el interés de la deuda o para encontrar inversores suficientes para renovar la que va venciendo.

La confianza, el prestigio de un país, es clave. En primer lugar porque te permite ahorrar mucho dinero, pues los acreedores exigen menor tipo de interés por el dinero que te prestan y en segundo lugar porque tienes la tranquilidad de poder financiar tus necesidades: siempre hay alguien ahí que piensa que su dinero está seguro contigo.

Pero la confianza en un país puede empezar a fallar si se ve que sistemáticamente el Estado tiene déficit, incluso “en los buenos tiempos”, y que, por tanto, su deuda pública continua aumentando. Si esto ocurre, cada vez hay más deuda que renovar y, pese a “la garantía del Estado”, empezará a haber algún reticente que empiece a desconfiar y a exigir un tipo de interés mayor. Eso ya es problemático. No sólo hay que encontrar más inversores dispuestos a dejar dinero al país (para renovar la deuda existente y para aumentarla por el déficit) sino que el simple “mantenimiento” de la misma, es decir, el pago de interés, empieza a resultar más y más costoso, porque se paga interés de cada vez más deuda y encima su precio, el tipo de interés que nos cobran, aumenta. Y si esto continua en el tiempo, el mero hecho de pagar intereses ya empieza a constituir un problema serio en sí mismo. Entonces, la desconfianza irá en aumento: “¡si ya les cuesta pagar intereses, imagínate la deuda!”. Y poco a poco te encaminas al precipicio: cada vez será más complicado renovar la deuda y la alternativa es devolverla, lo cual es lógicamente imposible.

Por eso parece haber bastante consenso en que la deuda pública griega es insostenible. En 2014 era un 177% del PIB, y sigue subiendo. Es muchísimo. El consenso europeo es que la deuda debería estar por debajo del 60% del PIB para que sea controlable y no entre la desconfianza. Y ojo, eso en países que se consideren fiables. Si encima ya tienes una mala fama como pagador, incluso el 60% es elevado. La suspensión de pagos de Argentina en 2001 se produjo cuando tenía una deuda del 50% de su PIB.

Es cierto que el caso griego es peculiar, pues ya está en situación de rescate, es un partido perdido hace ya tiempo. En 2012 ya se le perdonó una parte importante de su deuda y en la deuda restante se les bajó mucho los tipos de interés y se les permitió retrasar los vencimientos. Por eso Grecia no tiene hoy en día el agobio de pagos elevados de intereses (es más, pese a lo elevado de su deuda, paga menos interés en términos relativos de su PIB que otros países del euro). Pero aún no teniendo sobre la nuca esos pagos,  parece claro que tener el importe de deuda tan elevado va a hacer muy difícil que vuelva a las condiciones normales, es decir, a pedir prestado en el mercado a inversores internacionales, en vez de hacerlo a sus rescatadores (BCE, Europa, FMI), que es lo que hace ahora. De hecho, hasta sus mismos acreedores lo admiten y estarían dispuestos a reestructurarla (bajar aún más el tipo de interés y alargar aún más la fecha de vencimiento), pero quieren hacerlo una vez que Grecia haya puesto más orden en sus finanzas.

Desgraciadamente, no solo los griegos están muy endeudados. En España la deuda pública equivale al 97% del PIB en 2014. Bajo comparado con los griegos, pero alto, muy alto, comparado con lo recomendado. Estamos en zona muy peligrosa y salir de ahí dependerá principalmente de la evolución de nuestra economía y también de cuánto nos ayuden nuestros socios del euro.

¿Qué soluciones hay?

La siguiente pregunta viene sola: ¿qué hacer en un país donde este ratio es insostenible (como en Grecia) o está ya cerca del límite (como en España)? Hay tres opciones:

1) Me aprieto el cinturón, hago lo que sea, reduzco la deuda y vuelvo a una situación donde vuelva a gozar de la confianza de los mercados (los acreedores). Es duro, porque tienes que destinar una parte considerable de tus ingresos a pagar intereses, pero tiene la gran ventaja de que sigues contando con financiación, incluso aunque tengas déficit. Eso sí, para mantener la credibilidad, el déficit ha de ir bajando.  Algunos países lo hacen sobre todo reduciendo el gasto público, otros ponen el énfasis en incrementar los impuestos, pero suele haber algo de ambos. Las dos vías para reducir el déficit son complicadas de por sí (a nadie le gustar recortar servicios públicos o pedir a la gente pagar más) y también peligrosas, porque las dos perjudican al crecimiento económico, que es crucial, porque crea riqueza económica en el país y a su vez ayuda a sanear las cuentas públicas (cuanto más tiene la gente, más impuestos paga y menos necesidad de dinero público tiene, por ejemplo al haber menos prestaciones de desempleo). Es una línea muy delicada en que tienes que ser exigente contigo mismo y reducir el gasto público, pero al mismo tiempo hacer que la gente se anime a invertir y consumir para que la economía tire para arriba. ¡Nada fácil!

Esta opción es la elegida por España. En 2012 parecía que la confianza en el país se desmoronaba y los acreedores empezaban a exigir cada vez un tipo de interés mayor (este plus de más se mide bastante bien con la famosa “prima de riesgo”: el tipo de interés extra que un inversor exige a España por prestarle dinero, comparado con lo que exige a Alemania). Al final, el Banco Central Europeo salió en nuestra ayuda diciendo que apoyaría la estabilidad del euro (vamos, que ayudaría a los países del euro cuya deuda parecía ya demasiado elevada) y los mercados volvieron a confiar en la deuda pública española y de otros países del euro en dificultad. Pero la situación sigue siendo delicada. Y si no acaba viniendo el superávit en las cuentas públicas, o un buen crecimiento económico, y con ello una reducción de la deuda con respecto al PIB, puede volver la tormenta.

2) La segunda opción es reconocer que no puedes pagar: como España tantas veces en el siglo XIX, o como Rusia, Mexico, y un largo etc. en el XX o como Argentina o Grecia, entre otros, en el XXI. Lo siento mucho, lo he intentado, pero simplemente no puedo. Suspensión de pagos. Pido que me perdonen un tanto por ciento de la deuda y explico a todo el mundo que a partir de ahora lo haré mejor. Como desde ese momento nadie te prestará dinero, normalmente esto implica pedir ayuda al FMI, para que te den préstamos para intentar mantenerte en pie e intentar reconstruir la economía, siempre a cambio de que “arregles tus cuentas y pongas orden” reduciendo el déficit. Tiene la gran ventaja de que te quitas la losa de la deuda, normalmente de forma parcial, y de sus intereses. Pero la desventaja es demoledora: pierdes soberanía y aceptas la tutela de instituciones como el FMI que te harán cortar el gasto de forma radical. Y cuando su ayuda se acabe porque se supone que vuelves a ser de fiar y hay gente de nuevo que aceptará prestarte dinero, tendrás que pagar un tipo de interés mayor debido al estigma de lo que ha pasado. Caerás en la triste situación de destinar una parte importante de ingresos a pagar intereses (una prima de riesgo alta) y tendrás menos margen para ampliar tu deuda.

En cierta medida Grecia ya está en esta situación desde 2010-2012 y todo el jaleo de julio 2014 era porque el rescate en el que estaba, vencía, y quería continuarlo pero “arreglando su economía” de manera más suave. Sus rescatadores (en este caso Europa, el Banco Central Europeo y el FMI) se negaron y finalmente Grecia ha aceptado un tercer rescate con duras condiciones. Haber renunciado al rescate por su dureza, hubiera dejado a Grecia sola ante el peligro, con ajustes aún más duros que los impuestos, porque no tienen dinero, y además de forma mucho más traumática y radical. Pudiera haberse dado la paradoja de que, pese a renunciar a pagar su deuda, hubiera tenido que pagar más intereses a partir de entonces, pues aquel que hubiera accedido a prestarle dinero en esas circunstancias le exigiría muchísimo más que los acreedores actuales. Los altos intereses de muy poca deuda (la nueva) podrían llegar a ser mayores que los bajísimos de su deuda altísima actual.

El caso griego, como el español, es complicado, porque tienen una moneda que no controlan totalmente. Esto te da mucha fuerza, porque estás en un club de países my sólido económicamente, pero te resta el gran poder de imprimir billetes cuando quieras. Hablando como estamos de confianza, parece claro que las ventajas de lo primero superan con creces  las desventajas de lo segundo. Pero es un tema debatible.

3) La última opción, tantas veces usada en la historia, es recurrir a la máquina de imprimir billetes. Si la deuda es en mi moneda, dado que soy yo como Estado quien tiene el privilegio de dar salida al dinero que usan los ciudadanos, pues creo moneda suficiente para pagar lo que debo. Esto origina lógicamente inflación, subida de precios, pues si sigue habiendo los mismos bienes pero más dinero, es normal que simplemente los bienes cuesten más. Esto hace que, aunque el valor nominal de la deuda no varíe, al haber mucho más dinero en circulación, su valor real disminuye.

Por lo ya apuntado antes, ni Grecia ni España pueden usar este recurso de la inflación, pues al entrar en el euro renunciaron a un control monetario de su moneda. Pero a lo largo de la historia todos los países han usado, en mayor o menor medida, esta posibilidad. Un buen ejemplo es el Reino Unido. Aún siendo un país con un historial intachable en el cumplimiento de pagos durante su historia, también él se ha beneficiado de tasas inflación altas para hacer frente a una deuda que tras la Segunda Guerra Mundial había llegado nada menos que al 200% de su PIB. Con una inflación en los años 1950-1960 del 4% anual y en los 70 de casi el 15% anual, logró reducir su deuda al 50% del PIB.

Parece muy sencillo y es, desde luego, tentador, pero es evidente que tiene muchos peligros y por tanto los Estados son muy prudentes con este «arma». En primer lugar porque tiene un efecto limitado. Una vez que los acreedores sepan que tal país tiene inflación alta, pedirán más interés por prestarle dinero, es decir, se protegerán de este peligro y habrá más desconfianza hacia la deuda del país. En el peor de los casos esto puede crear una espiral peligrosísima, donde el Estado a su vez crea aún más dinero y la inflación va subiendo más y más hasta llegar a hiperinflación, tasas tan altas que son un auténtico problema para todo el mundo, pues crean una sensación de inseguridad tremendas: el dinero ya no es seguro, y pierde su valor real tan rápidamente que hay que buscar sistemas alternativos para proteger la riqueza.

Sin llegar a estos casos tan dramáticos, la inflación limitada, pero alta (digamos más de 5% al año) crea también bastantes injusticias, pues se trata de una repartición de la riqueza en la que muchas veces son los que tienen menos medios quienes salen perjudicados. Véase los asalariados, que no pueden incrementar sus ingresos, o los pequeños ahorradores, que al no tener un gran poder de negociación tendrán más difícil que que su dinero aumente su rendimiento cuando los precios suben.

Pero ahora mismo existe la opinión general común de que un poco de inflación (2%) es buena para la economía, porque da «salsa» y animación a la actividad económica. Y desde luego, también porque ayuda a los Estados a reducir el valor real de su deuda.

Conclusión

En fin, que en el tema de las finanzas públicas no hay milagros, pero es un asunto de crucial importancia a la hora de juzgar a un gobierno. No se trata de tecnicismos de burócratas que estén alejados de la vida real. Al contrario, nos afecta ¡y mucho! ya que un país en suspensión de pagos es muy traumático y ese grave peligro siempre acecha porque, desgraciadamente, la historia se repite. Los gobernantes reciben muchas presiones para no aumentar los impuestos o para aumentar el gasto público, y si las finanzas públicas se deterioran, es harto difícil arreglarlas. Y no es sólo un problema de países subdesarrollados. Francia ha tenido déficit en sus cuentas públicas en los últimos 35 años. Sí, es cierto que el déficit nunca ha sido escandalosamente alto, que aún goza de mucha confianza y que gracias a esto paga tipos de interés muy bajos. Pero, aún con todas sus fortalezas, su deuda pública está ya en el 95% de su PIB. ¿Cuántos años más puede seguir así? ¿No estará tentando a la suerte? Más vale poner tus cuentas en orden por tu propia iniciativa, porque si esperas a que otros te obliguen, probablemente ya es demasiado tarde.

 

DEUDA PÚBLICA DE LOS PAÍSES DE LA UE EN PORCENTAJE DE SU PIB   (fuente: Eurostat)

COUNTRY

1995 

 2000  2005  2010  2014 
Greece

:

 : : :

177,1
Italy

116,9

 105,1 101,9 115,3

132,1
Portugal

58,3

 50,3 67,4 96,2

130,2
Ireland

78,7

 36,3 26,2 87,4

109,7
Cyprus

47,9

 55,2 63,4 56,5

107,5
Belgium

130,7

 109 94,7 99,5

106,5
Spain

61,7

 58 42,3 60,1

97,7
France

55,8

 58,7 67,2 81,7

95
United Kingdom

48,3

 39,1 41,6 76,4

89,4
Croatia

:

 : 40,7 57

85
Austria

68

 65,9 68,3 82,4

84,5
Slovenia

18,3

 25,9 26,3 38,2

80,9
Hungary

84,5

 55,2 60,8 80,9

76,9
Germany

54,9

 59 67,1 80,5

74,7
Netherlands

73,5

 51,3 49,4 59

68,8
Malta

34,4

 60,9 70,1 67,6

68
Finland

55,1

 42,5 40 47,1

59,3
Slovakia

21,7

 49,6 33,8 40,9

53,6
Poland

47,6

 36,5 46,7 53,6

50,1
Denmark

:

 52,4 37,4 42,9

45,2
Sweden

69,9

 50,6 48,2 36,8

43,9
Czech Republic

13,6

 17 28 38,2

42,6
Lithuania

:

 : 17,6 36,2

40,9
Latvia

13,9

 12,2 11,7 46,8

40
Romania

6,6
22,4 15,7 29,9

39,8
Bulgaria

:

 70,1 27,1 15,9

27,6
Norway

:

 : : :

26,4
Luxembourg

8,1

 6,1 6,3 19,6

23,6
Estonia : 5,1 4,5 6,5

10,6

Fuentes principales:

«This time is different» by Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff, 2009

«Le capital au XXI siècle», Thomas Piketty, 2013

El mercado laboral español

Posted on by

Mucho se ha hablado, se habla y se hablará sobre la rigidez del mercado de trabajo español ….

¿Qué quiere decir eso exactamente? Pongamos un ejemplo: una persona con 30.000 € de salario anual y diez años de antigüedad tiene derecho a una indemnización por despido de unos 35.000 € en España. En Inglaterra, de unos 5.000 €. Eso es lo que quiere decir. La legislación anglosajona y la continental europea son tan diferentes en este tema, que en realidad denotan dos mentalidades totalmente distintas.

El alto importe de las indemnizaciones por despido en España tiene el loable objetivo de proteger al trabajador, pero tienen tantas consecuencias indeseadas, que al final acaban siendo perjudiciales incluso para el empleado. Que desde luego sean perjudiciales para las empresas, nadie lo duda. Les obliga en ocasiones a continuar una relación laboral con alguien que, por la razón que sea (y las hay condenables, pero también totalmente lógicas) no les parece que aporten beneficio al negocio.

Que estas altas indemnizaciones también perjudican a los trabajadores con contrato temporal es también evidente. Una empresa en dificultades que necesite reducir personal no se suele preguntar ¿qué trabajador es el que creo que actualmente aporta menos a la empresa? Lamentablemente la pregunta es ¿a quién me cuesta menos echar? Es injusto para las personas afectadas y contraproducente para la productividad de la propia empresa, pero los costes del despido son tan elevados que, querámoslo o no, esta situación se da.

Y aunque podría parecer extraño decir que las indemnizaciones por despido perjudican precisamente a su beneficiario potencial, a mi juicio también es así. Las empresas se lo piensan tanto antes de contratar alguien, que es inevitable que el paro sea alto. No es casual que el desempleo en España ronde el 23% y en Reino Unido el 6%. El trabajador español goza de la seguridad de saber que muy mal tienen que venir dadas para que pierda su trabajo, especialmente si ya lleva bastantes años. Y que si esto sucede tendrá la protección de un dinero con el que aguantar hasta el siguiente empleo. Pero … ¿merece la pena? ¿vale la pena aguantar en un trabajo en el que no se disfruta, simplemente porque da estabilidad financiera? ¿no sería bonito tener la opción de cambiar a un trabajo más atractivo o mejor remunerado?

Para un español resulta fascinante ver cómo funciona el mercado laboral británico. Es otro mundo. La gente busca por supuesto una buena remuneración, pero también exige disfrutar y aprender con su trabajo. Y si no lo hace, cambia a otro, porque el desempleo es bajo y las oportunidades abundan. Esta situación provoca que las empresas tengan miedo de perder a los buenos trabajadores y hagan lo posible para que estén a gusto, primero con la remuneración y después con el ambiente de la empresa y el desarrollo de la carrera de sus empleados. En España, en cambio, abundan tristes situaciones donde se hace de todo para tratar de exprimir al trabajador en una especie de «guerra laboral» en la que ambos bandos están condenados a perder.

Paradójicamente, allí donde el trabajador goza de menos protección por despido es donde tiene mayor poder de negociación y, mejor aún, mayor libertad para elegir dónde trabajar.